El Gobierno aprobó un conjunto desconectado de medidas fiscales, lo cual refleja su acción política desde que Pedro Sánchez fue investido.
La aprobación de esta 'reforma fiscal' en el Parlamento se discute por su veracidad y su potencial para recibir fondo europeo.
La inseguridad jurídica derivada de esta negociación voluble está afectando a inversores y empresas.
Los impuestos sobre la banca y las energéticas son controvertidos y están basados en argumentos caducos.
Se ha intentado penalizar a la sanidad privada y a las sociedades inmobiliarias.
Se predice que las rentas de las familias serán afectadas en 2025 debido a la negativa del PSOE a deflactar el IRPF.
El PNV parece beneficiarse de este caos, prestándole votos al Gobierno a cambio de que el País Vasco se mantenga al margen.
Cataluña y el País Vasco, a pesar de sus ideologías secesionistas, no están separadas de España en términos de mercado.
Conclusión: La implementación de estas políticas fiscales ha generado incertidumbre y controversia, afectando tanto a empresas como a inversores y prediciendo un futuro fiscal inestable para las familias.