El gobierno autonómico catalán declaró la emergencia por sequía tras 38 meses de lluvias escasas.
La sequía afecta a casi seis millones de personas, y las zonas afectadas están por debajo del 16% de su capacidad hídrica.
En 2008, Cataluña ya atravesó una situación similar, pero las autoridades catalanas se opusieron al trasvase del Ebro.
La problemática actual es resultado de la falta de previsión de un nacionalismo catalán que rechaza la transferencia de agua del Ebro.
El desabastecimiento podría afectar no solo a los particulares y a la agricultura, sino también a la industria y al turismo.
Las administraciones españolas deben reconocer la realidad hídrica y tomar medidas correspondientes, incluyendo un pacto nacional por el agua.
Conclusión: Existen tensiones evidentes alrededor de la distribución del agua y parece necesario un pacto que equilibre las necesidades de todas las partes, incluyendo la industria, la agricultura y el sector turístico, a la vez que se mantiene la sostenibilidad del medio ambiente.