Junts cortó las conversaciones con el PSC para reformar la norma de reserva para vivienda de protección oficial del 30% de las nuevas promociones en Barcelona.
La norma buscaba oponerse a la actividad de los fondos buitre pero su aplicación no ha resuelto el problema de la falta de vivienda protegida.
Junts considera al alcalde Jaume Collboni incapaz de negociar para alcanzar un acuerdo.
Los socialistas, sorprendidos por la ruptura, siguen dispuestos a negociar.
Constructores y Promotores y la patronal Foment critican a ambos partidos por parar las negociaciones y urge a buscar un acuerdo.
El alcalde Collboni gobierna sin apoyos fijos y su deseo de seguir en solitario no genera sinergias, pero rechazo.
Labor del Ayuntamiento criticada por antepone estrategia política al interés colectivo.
Conclusión: La gravedad del problema de acceso a la vivienda exige que las administraciones locales trabajen para reducir los efectos indeseados de normas como el 30%. La necesidad de una reforma es inminente y no puede posponerse.