Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado que es investigado por la justicia en democracia en España.
La causa contra el jefe del ministerio público se presenta por supuesta revelación de secretos, originada a raíz de la difusión de un comunicado relacionado con una querella presentada por Alberto González Amador.
El caso proviene de la difusión de correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador, incurriendo quizás en revelación de secretos.
Al poco de conocerse la decisión del Supremo, García Ortiz afirmó que se mantendría en su cargo.
Varios ministros expresaron su apoyo a García Ortiz, mientras la oposición exigió su dimisión inmediata.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales pidió también la dimisión de García Ortiz.
Conclusión: Este episodio inédito altera las relaciones entre política y justicia, y entre dos órganos judiciales de alto nivel, mostrando hasta qué punto la política y la justicia están interrelacionadas en España.