El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha introducido dos medidas para mitigar la escasez de viviendas y evitar la emigración de los ciudadanos debido a los altos precios de las viviendas.
Una medida es eliminar la regla de destinar un 30% de nuevas viviendas a viviendas protegidas, una política de su predecesora, Ada Colau.
La segunda, y más destacada, es eliminar todos los pisos de uso turístico en Barcelona para 2028, utilizando un decreto de la Generalitat.
Esta decisión genera tanto apoyo como escepticismo, dado el desafío que podría suponer para la legalidad y los beneficios legítimos de los propietarios y las empresas.
Las políticas centradas en limitar al sector privado, como el 30% de viviendas protegidas, han fracasado en el pasado.
Los posibles conflictos entre el sector privado y la administración pública podrían obstaculizar los objetivos.
Conclusión: Para lograr una mayor oferta de viviendas asequibles, es necesario el diálogo y la cooperación entre la administración pública y el sector privado, en lugar de medidas restrictivas y unilaterales.