El problema de la vivienda empeora con pisos en alquiler disminuyendo y la demanda aumentando, lo que hace que los precios de alquiler suban.
Las medidas aprobadas para contener las rentas han sido inefectivas.
Los cambios legislativos han ocasionado inseguridad, haciendo que los dueños prefieran dejar pisos vacantes antes que arriesgarse a pérdidas.
La construcción de nuevas viviendas protegidas ha venido a menos, con un descenso del 10% en comparación con 2022.
La nueva ley del suelo que buscaba agilizar proyectos de construcción ha sido rechazada.
Las políticas de vivienda del Gobierno son limitadas debido a que gran parte de estas competencias las tienen las autonomías.
Catalunya ha sido la única autonomía en declarar un área tensionada que cubre a muchos municipios.
El control de precios de la Ley de Vivienda ha llevado a alza en los contratos de alquiler nuevos.
Conclusión: Se requiere un consenso político considerable y regulaciones estables que proporcionen seguridad jurídica y hagan que el mercado de la vivienda vuelva a ser una opción de inversión rentable.