Editorial: El País

• El Gobierno aprobó una reforma para adaptar la Fiscalía a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, terminando con la tendencia exclusiva de España de tener jueces, no fiscales, manejando causas penales.
• La reforma prevé términos no renovables de cinco años para el fiscal general, desligándolo de las legislaturas y estableciendo restricciones sobre las causas de destitución.
• Se busca reforzar la independencia de la fiscalía al impedir que el Ejecutivo interfiera o influya en el fiscal general, incluyendo la comunicación solo a través de correspondencia pública.
• Es posible que los fiscales superen al fiscal general por una mayoría de tres quintos, lo que reduce el poder del fiscal general.
• Esta reforma, aunque impulsada por el actual gobierno de coalición, está diseñada para definir las funciones de la Fiscalía durante décadas.
• La reforma apunta a desterrar cualquier duda de interferencias, sobre todo en casos de corrupción y así frenar la politización de la Fiscalía.
• Se espera que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2028.

Conclusión: La reforma es un paso necesario que favorece la independencia de la Fiscalía y elimina la politización, beneficiando a todos los partidos con aspiraciones de gobernar. Sin embargo, se espera un debate intenso y numerosas objeciones técnicas.

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