El informe de la UCO no aporta pruebas sobre el delito de revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
García Ortiz recibió el documento en el que Alberto González Amador reconocía sus delitos 20 minutos después de su difusión inicial.
No se encontraron mensajes en el móvil del fiscal en los días que se investigan, apoyando la sospecha sobre su culpa.
La actuación contra García Ortiz, alto cargo del Estado, es extraordinaria y no tiene precedentes en democracia.
La nota publicada por la Fiscalía buscaba responder a un bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Rodríguez utilizó el intercambio de mensajes entre el investigado y el fiscal para difundir información falsa y defendió la actuación de un defraudador fiscal confeso.
Conclusión: El caso y las acciones tomadas han revelado una serie de irregularidades y desinformación que, en última instancia, están obstaculizando la justicia, demostrando la necesidad de medidas más estrictas y transparencia dentro de los altos cargos del Estado y la prensa.