El Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe sobre la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
La reforma tiene como objetivo modificar los procesos penales y reforzar el derecho de defensa.
Si la reforma tiene éxito, la Fiscalía será la encargada de dirigir la investigación de los procesos.
Se crea la figura de un juez de garantías como encargado de la tutela de los derechos.
Para que la reforma sea efectiva será necesario reforzar la imparcialidad y objetividad del Ministerio Fiscal.
Conclusión: La reforma, aunque necesaria y ansiada, enfrenta desafíos, especialmente en términos de asegurar la imparcialidad y autonomía del Ministerio Fiscal.