El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó su informe sobre abusos sexuales en la Iglesia católica al Congreso, con 24 recomendaciones. La principal es el resarcimiento a las víctimas.
La mayoría de los grupos políticos concuerdan con la idea de reparar a las víctimas, pero surgen desacuerdos en los detalles.
La Iglesia se opone a colaborar con un sistema estatal independiente para las reparaciones.
Los informes propios de la Iglesia, que buscan abordar las reparaciones, son considerados insuficientes por muchas víctimas y se critica su falta de acción.
Una recomendación clave es la creación de un fondo estatal para compensar los casos que no pueden llevarse a juicio por la prescripción del delito.
Surgen diferencias entre los grupos políticos sobre quién debe cubrir las indemnizaciones y otros temas como la imprescriptibilidad del delito sexual contra menores o la revisión de los Acuerdos con el Vaticano.
Conclusión: El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de traducir las conclusiones del informe en respuestas concretas, para procurar justicia a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.