El empresario Víctor de Aldama, acusado de fraude fiscal multimillonario y corrupción, implicó a medio Gobierno de Pedro Sánchez en el pago de sobornos.
Se presentan indicios sólidos de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se beneficiaron de las comisiones de Aldama.
Aldama también afirmó haber pagado a otros dirigentes socialistas, mencionando varios nombres importantes pero sin proporcionar pruebas.
El Gobierno y el PSOE han anunciado acciones legales contra las acusaciones de Aldama.
El caso mancha gravemente al Gobierno y al PSOE, afectando a un miembro importante del equipo de Sánchez.
Las sospechas arrojadas por Aldama han causado alarma social y es la responsabilidad de los acusados limpiar su reputación.
Conclusión: El Gobierno necesita colaborar al máximo con el sistema judicial para esclarecer el alcance de la presunta corrupción, y es importante que se examine la eficacia de sus alarmas internas contra la corrupción.