Una manifestación de 130.000 personas pidieron la renuncia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su administración de la reciente catástrofe y los supuestos intentos de ocultar la cadena de incompetencia.
La población demanda una depuración de responsabilidades políticas debido a la falta de acción del Gobierno regional durante la alerta roja emitida por la Aemet.
A pesar de la indignación, ha habido una destacada ola de solidaridad ciudadana, con muchos manifestantes trabajando como voluntarios en municipios afectados.
La crítica también se extiende al Gobierno español por no presionar al Gobierno valenciano por su inacción.
Conclusión: La catástrofe de Valencia y su gestión posterior han generado una profunda crisis de confianza hacia las autoridades, requiriendo esfuerzos considerables y claridad para restaurar la fe de los ciudadanos en las instituciones y sus gobernantes.