La Unión Europea no puede seguir ignorando el uso inapropiado de sus fondos en acuerdos migratorios con terceros países.
Turquía ha surgido como el centro de internamiento y deportación financiado por Europa, con violaciones generalizadas de los derechos humanos en dichos centros.
La UE ha externalizado su gestión migratoria, creando un dique de contención en territorio no comunitario.
Desde 2016, Turquía ha recibido más de 11.500 millones de euros para gestionar las necesidades de los refugiados, pero estos fondos han estado generalmente asociados con los abusos.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de garantizar que el trato a los migrantes cumpla con las normas europeas de derechos humanos.
Conclusión: Ante la reciente divulgación de abusos, Bruselas debe actuar con transparencia y exigir normativas rigurosas para el uso digno de los fondos destinados a la inmigración, alineándose con los valores que Europa afirma defender.