El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, validó la victoria electoral de Nicolás Maduro sin pruebas transparentes.
El Supremo pidió responsabilidades al candidato opositor, Edmundo González, a pesar de las pruebas contradictorias de la oposición.
El Supremo ignora la petición de la comunidad internacional de verificación imparcial de los resultados.
La máxima autoridad judicial de Venezuela puede estar ocultando la identidad de los supuestos expertos que validaron los resultados.
La sentencia señala un posible aumento de la represión en Venezuela.
El gobierno de Maduro está atrincherado en el poder y no muestra signos de querer negociar una solución a la crisis.
Maduro y su círculo de poder, sostenidos por las Fuerzas Armadas, se niegan a dialogar para una salida negociada.
La estrategia del Gobierno es anular la democracia mediante el uso sutil e ilegal de sus propias instituciones.
Conclusión: Esta situación destaca el peligro que enfrenta la democracia en Venezuela con un gobierno que abiertamente socava la integridad del proceso electoral y la legitimidad de la oposición.