Editorial: El País

• Una jueza envió a prisión al director y a cuatro trabajadores de un centro de menores por acusaciones de tortura y delitos contra la integridad de los adolescentes.
• Los arrestados han negado las acusaciones y cuentan con la presunción de inocencia, pero la jueza ha dado credibilidad a las denuncias.
• El director del centro desoyó previamente las denuncias de abusos, y el centro privado mantenía un concierto con el Gobierno de Aragón para alojar a 20 menores.
• El Ejecutivo autónomo debe revisar en profundidad los hechos ocurridos y analizar si se podrían haber evitado.
• Las administraciones no pueden ceder en sus responsabilidades por la gestión privada de muchos de estos centros.

Conclusión: Este caso subraya la importancia de garantizar la seguridad y dignidad de los menores en situación de vulnerabilidad, al tiempo que pone de relieve la responsabilidad de los centros de tutela y las administraciones públicas.

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