Editorial: El País

• El Gobierno intenta reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, una norma polémica conocida como 'ley mordaza' creada en 2015 para penalizar la disidencia y las protestas ciudadanas.
• A pesar de las intenciones de la oposición para derogarla en los últimos nueve años, las discrepancias entre los partidos de izquierdas y las elecciones anticipadas han frustrado los esfuerzos.
• La ley actual permite altas multas para los participantes y organizadores de protestas no notificadas, y confiere un alto grado de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad.
• Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han criticado la ley, citando ejemplos de cómo criminaliza la protesta y han pedido su reforma.
• Los cambios propuestos incluyen la revisión de los usos de pelotas de goma por las fuerzas antidisturbios y las devoluciones en caliente.

Conclusión: A pesar de las restantes discrepancias, los reformadores deben recordar que una reforma parcial es preferible a la ausencia de reforma, dado el efecto restrictivo de la ley en la protesta ciudadana y la libertad de expresión.

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