Editorial: El País

• La Junta de Andalucía dedicó 680 millones de euros a un programa de ayudas a empresas en crisis durante el Gobierno del PSOE de 2000 a 2010.
• El programa, que financió prejubilaciones de trabajadores, causó un colosal fraude bajo el mandato socialista debido a la falta de mecanismos de vigilancia.
• La corrupción se generalizó en la Consejería de Empleo, desde donde se decidió el reparto de estos fondos.
• En 2019 se condenó por prevaricación y malversación a los directivos de la Consejería de Empleo y a parte del Gobierno andaluz, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
• El Tribunal Constitucional ha anulado recientemente estas condenas entendiendo que no puede existir prevaricación en la aprobación de una Ley de Presupuestos.
• Las sentencias reparan en parte el daño causado a los dirigentes del PSOE condenados y diferencian entre ámbito penal y ámbito político.

Conclusión: Si bien la gestión del programa de ayuda causó un caso significativo de corrupción, la reciente decisión del Tribunal Constitucional sirve para enfatizar la separación de poderes, proteger los derechos constitucionales y limitar la responsabilidad estatutaria.

---