Los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias están desbordados desde octubre.
Las islas acogen a 5.600 menores migrantes, sobrepasando su capacidad máxima de 2.000.
El mecanismo actual para la transferencia de estos menores a otros centros en la península depende de la voluntad de las comunidades autónomas.
El Gobierno canario y central proponen una reforma de la ley de extranjería para requerir a otras comunidades acoger a menores cuando un territorio excede el 150% de su capacidad de acogida.
Los cambios legislativos enfrentan resistencia de algunos territorios y necesitan apoyo parlamentario del PP, que muestra un doble discurso sobre los derechos de los menores.
Conclusión: Es imperativo que todos los partidos y las comunidades autónomas den a Canarias una respuesta de estado a esta crisis humanitaria, colocando los derechos de los menores por encima de consideraciones políticas.