Editorial: El País

• El Tribunal Supremo decide investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC, Rubén Wagensberg, por supuesto terrorismo tras las protestas de 2019.
• Las tesis de juez García-Castellón han sido asumidas por el Supremo, quienes investigaron a Puigdemont por la posibilidad de disturbios públicos, nunca por terrorismo.
• La investigación fue reactivada en noviembre 2023, coincidiendo con el tumultuoso otoño español y la propuesta de Pedro Sánchez de una ley de amnistía.
• El fiscal español y el fiscal del Supremo rechazan la idea de terrorismo en este caso, viéndolo más como conjeturas y sospechas.
• La inversión de roles donde la Fiscalía rechaza y el tribunal acepta pruebas circunstanciales causa profundas dudas sobre la seguridad jurídica.
• La interpretación doctrinal de si subvertir el orden constitucional o la paz pública es igual a cometer un delito de terrorismo es cuestionable.
• La coincidencia en la cronología de la investigación judicial y la actividad legislativa plantea inquietudes sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

Conclusión: Este caso resalta las problemáticas del sistema judicial español en su interpretación de disturbios como actos de terrorismo, cuestión que puede verse como un intento de restringir el derecho a protestar y que causa una falta de confianza en las instituciones políticas y judiciales.

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