La economía sumergida es un problema mundial que afecta tanto a individuos como a estados.
Seis de cada diez trabajadores operan al margen de la legalidad a nivel mundial, especialmente en economías emergentes.
Las condiciones de informalidad hacen a los trabajadores más vulnerables y limitan su acceso a trabajos regulados y mejor remunerados.
La OCDE sugiere reforzar la protección social y la formación, y facilitar el ingreso a la economía formal.
España ha logrado reducir la economía sumergida, del 20-25% del PIB a menos del 15% actualmente.
La pandemia ha ayudado a aflorar empleo informal, debido a la necesidad de documentación para acceder a ayudas.
A pesar de los avances, aún se necesitan esfuerzos para reducir la informalidad en ciertos sectores, como en la contratación de trabajadores irregulares.
Conclusión: La lucha contra la economía sumergida es crucial para la protección de los trabajadores y el desarrollo de las políticas de los estados. Aunque los avances en España son notables, aún queda trabajo por hacer para reducir la informalidad en ciertos sectores.