El Gobierno ha aprobado un techo de gasto que ve a los presupuestos como un cartel electoral más que una herramienta de gestión realista.
El límite de gasto no financiero será de 226.032 millones, un récord histórico, con un incremento del 92% desde 2018.
El gobierno necesita demostrar normalidad y vender un programa de gasto expansivo de cara al año electoral.
Existe descontento con respecto a la financiación autonómica, con 14 de 15 comunidades, incluyendo Castilla-La Mancha y Asturias, oponiéndose al modelo.
Sánchez busca permanecer en el poder a través de una reforma que no se guiada por la solidaridad, sino por el gasto electoral y el privilegio territorial.
Conclusión: Las acciones del Gobierno español evidencian una falta de gestión realista, a medida que se moviliza hacia un territorio de gastos electorales y privilegios territoriales, lejos de una financiación autonómica justa y presupuestos serios.