El anteproyecto para reformar la Ley de Protección Integral a la Infancia introducirá una cláusula que podría limitar la custodia compartida.
El Gobierno busca proteger a los niños con esta reforma, pero podría abrir una vía ambigua para estrategias partidistas.
La custodia compartida es la expresión de un progreso social y su crecimiento muestra un reparto más equilibrado de obligaciones.
La reforma cuestiona la confiabilidad del sistema judicial, como si estuviera tomando decisiones en contra del bienestar de los niños.
La vaguedad del daño emocional vinculado a simples indicios puede ser manipulada en conflictos familiares, posiblemente exponiendo más al niño.
Conclusión: La verdadera protección de la infancia y la mujer necesita políticas firmes, no batallas ideológicas ni reformas legales que pueden no prosperar.