Editorial: El Mundo

• El último recurso de la Fiscalía introduce la distinción entre responsabilidad penal y política.
• Se sostiene que los hechos investigados no constituyen delito, pero podrían no ser éticos ni deseables en un Estado democrático.
• El caso centra en el uso de una posición para fomentar una actividad profesional y si se alinea a los estándares de ejemplaridad pública.
• La Fiscalía plantea cuestiones éticas y reconoce que mezclar intereses privados con institucionales es indeseable.
• El Gobierno ha intentado desacreditar a la justicia y evadir el debate.

Conclusión: La democracia requiere ejemplaridad más allá de la legalidad y se necesita una discusión seria sobre el trato de favor derivado de la proximidad al poder.

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