El Gobierno vasco está llevando a cabo un programa de 'justicia restaurativa' que reúne a presos de ETA y ciertos víctimas.
Estos encuentros, supervisados por mediadores, intentan justificar la liberación de muchos condenados de ETA.
El caso de Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, es un claro ejemplo, donde su semilibertad es defendida por la Fiscalía debido a su 'compromiso' con las víctimas.
Hay dudas sobre los requisitos para que los presos de ETA obtengan beneficios penitenciarios, incluyendo la falta de colaboración con la Justicia en la clarificación de más de 300 crímenes.
Estos prisioneros también no están obligados a deslegitimar públicamente el terrorismo.
Estas acciones están permitiendo que ETA y partidos como Bildu representen a estos prisioneros como 'presos políticos'.
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, supuestamente ha demandado este vaciamiento de cárceles a cambio de su apoyo al Gobierno.
Las asociaciones de víctimas critican la forma en que el Departamento vasco de Justicia está aplicando la medida 100.2 a muchos etarras, lo cual permite su liberación.
Conclusión: Este programa de 'justicia restaurativa' es visto por muchos como una estrategia política y no una genuina búsqueda de justicia y reinserción social.