Pedro Sánchez incorporó a José Luis Ábalos para las elecciones generales de 2023, a pesar de las señales de alarma sobre su conducta irregular.
Se recibieron dos denuncias internas por manipulación en contratos públicos en 2022, que fueron archivadas con laxitud.
El informe enviado al Congreso revela que Adif evaluó si la empresa constructora OPR se benefició durante el mandato de Ábalos.
A pesar de las alertas sobre falsificación de puntuaciones para favorecer a una empresa, hubo informes periciales débiles y valoraciones sin motivación.
A pesar de las sospechas de irregularidades sobre los fondos europeos otorgados a OPR, Ábalos fue incluido en las listas electorales.
Las revelaciones requieren la asunción de responsabilidades tanto de la empresa pública como del gobierno.
Conclusión: El caso de Ábalos destaca serian negligencia y responsabilidad en la gestion de contratos públicos, ignorando señales de conducta irregular y manipulación.