España es la primera democracia occidental con un fiscal general en activo condenado por cometer un delito de naturaleza política en el ejercicio de su cargo.
Cada minuto que Álvaro García Ortiz ha permanecido en él desde la imputación ha representado un insulto a la neutralidad institucional.
La condena de García Ortiz significa que debe abandonar su cargo, lo que resalta el deterioro de la calidad de nuestra democracia.
El resultado del juicio es una expresión de la fortaleza del Tribunal Supremo frente a las injerencias del Gobierno.
La revelación de información reservada por García Ortiz, reconocida por la Sala de lo Penal, no debió ser divulgada.
El Gobierno ha defendido al fiscal general a pesar de la condena, perpetuando la campaña de ataques a la justicia.
Conclusión: La condena de García Ortiz y la defensa del Gobierno a este, representan un severo golpe a la democracia española e indican un problema estructural en la relación entre los poderes judiciales y los poderes ejecutivos.