Hacienda enfrenta crisis de legitimidad, no por un rechazo a pagar impuestos, sino por una sensación de arbitrariedad y abuso.
Ocho de cada diez españoles creen que el sistema impositivo no es justo.
Existe una percepción de voracidad recaudatoria del Estado y una intolerable indulgencia con los grandes defraudadores.
El sistema ha abandonado la persecución del gran fraude, concentrándose en los contribuyentes más vulnerables.
Este deterioro institucional erosiona el contrato fiscal y aumenta la economía sumergida.
El Gobierno tiene una responsabilidad política en la cuestión y debe reformar la Agencia Tributaria.
Conclusión: Se necesita una reforma urgente para restablecer la fe en el sistema y garantizar la equidad y la proporcionalidad en el sistema impositivo.