El Gobierno necesita actuar para liberar a los 16 ciudadanos españoles y con doble nacionalidad detenidos en Venezuela.
La activista española Rocío San Miguel está detenida bajo falsas acusaciones y sin derecho a defensa ni tratamiento médico.
El hermano de Rocío, José Manuel, hace responsable al Gobierno español del estado de salud de su hermana.
Las elecciones recientes y el incremento de la violencia y persecución de disidentes resaltan la peligrosa situación en Venezuela.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de responder a la demanda de justicia y libertad de los presos políticos.
Conclusión: El Gobierno español tiene un deber urgente de intervenir en la crisis política en Venezuela, buscando la liberación y justicia para los detenidos injustamente, especialmente para sus ciudadanos.