El fiscal general, Álvaro García Ortiz, enfrenta graves acusaciones, un hecho sin precedentes en la democracia de España.
Su presunto mal uso de su posición para perjudicar a una rival política del presidente ha deteriorado la confianza de la gente en la imparcialidad de la Fiscalía.
Su negativa a dimitir está conduciendo al Estado hacia una degradación institucional.
La publicación de los whatsapps sugieren que las motivaciones de Ortiz eran exclusivamente políticas.
Los magistrados responsables de su imputación denuncian la estrategia de desinformación del Gobierno.
Conclusión: La persistencia de García Ortiz en su cargo está conduciendo a la Fiscalía hacia el desprestigio. La única solución para prevenir la ruptura irreversible de la confianza en la imparcialidad del Ministerio Público es su dimisión.