El Gobierno ha retrocedido en su amenaza de poner un tope a los alquileres, aspecto que es una competencia autonómica.
El problema de la vivienda no se resolverá si el Gobierno sigue utilizando el modelo fallido de la actual ley.
La crisis de vivienda está vinculada a otros asuntos relevantes, como la demografía y la productividad.
Las medidas populistas sólo crean más barreras en el mercado de la vivienda.
Existe un déficit de 600.000 viviendas en España, lo que requiere una liberalización del suelo y también apoyo a las clases medias y vulnerables.
La iniciativa público-privada, la seguridad jurídica y la cooperación entre administraciones son necesarias para incentivar la oferta y satisfacer la demanda existente.