El Gobierno está transfiriendo competencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional a la Ertzaintza en el País Vasco.
Existe temor de que este acuerdo se extienda a Cataluña, en el contexto de crecientes exigencias de ERC para una posible investidura de Salvador Illa.
La medida es política y carece de lógica policial, reduciendo en gran medida la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil en las fronteras, así como en los puertos y aeropuertos.
Si se extiende este pacto a Cataluña, funciones esenciales del Estado pasarían a depender de los Mossos d'Esquadra, cuya actuación en eventos pasados ha sido cuestionada.
Conclusión: El editorial sostiene que esta transferencia de competencias es inaceptable y se paga un alto precio para mantener en el poder a un Gobierno en minoría, minando la presencia y el rol esencial de las fuerzas de seguridad del Estado.