Cinco jueces del Tribunal Constitucional (TC) pueden haber incurrido en incompatibilidades en el caso de los ERE.
Altos cargos socialistas fueron exonerados posiblemente gracias a estos jueces, lo que sugiere un sesgo político.
La ponente de las decisiones, Inmaculada Montalbán, parece estar también bajo la sombra de la incompatibilidad.
El PP pidió la recusación de Montalbán y otra magistrada, así como la retirada del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.
Conclusión: Estos hechos pueden profundizar el descrédito de un TC que parece entregado a los intereses del Gobierno, poniendo en cuestión la imparcialidad de la justicia.