El Tribunal Constitucional se considera cada vez más politizado y se está arriesgando a convertirse en una cámara de impunidad para aquellos afines al gobierno.
El TC excede de su función de dirimir asuntos que afectan a derechos fundamentales, actuando como tribunal de apelación que corrige a los tribunales ordinarios.
Hay sospecha de parcialidad sobre el TC debido a ciertas decisiones, como la propuesta de exonerar de malversación a Carmen Martínez Aguayo, número dos de José Antonio Griñán.
La sentencia de los ERE concluyó que la Junta diseñó un «sistema fraudulento», con el cual repartieron casi 680 millones de euros de manera clientelar.
Miembros del TC, la mayoría nombrados a propuesta de los partidos políticos, refutan las decisiones de los jueces independientes.
Conclusión: La politización del Tribunal Constitucional y sus decisiones recientes están provocando un grave descrédito y desconfianza en la institución, poniendo en peligro su legitimidad y propósito original.