El gobierno está obsesionado con imponer una cierta memoria colectiva, que reemplaza los hechos y se usa para manipular políticamente.
Pedro Sánchez, realizó una visita no programada al Valle de los Caídos mientras el Ejecutivo anunciaba planes para derogar la Ley de Memoria Democrática en varias regiones.
La ley estatal actual es una continuación de revisionismo histórico que comenzó con Zapatero, que sepultó el legado de la Transición.
Bildu se le concedió ficticiamente la prerrogativa de extender el franquismo hasta 1983.
Las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox amplían retroactivamente su alcance hasta 1931, la proclamación de la Segunda República.
La historia no debe ser manipulada para servir a los intereses políticos de los partidos.
Conclusión: Una verdadera democracia no requiere que la legislación defina el relato histórico, y los procesos para exhumar fosas deben ser facilitados sin la necesidad de distorsionar la historia.