El gobierno español anunció la reintegración del estado en Telefónica al llegar al 10% de su participación.
El anuncio es una respuesta al posible interés de STC, propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita, para adquirir el 9.9% de la compañía española.
El gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por la falta de transparencia y precipitación en la entrada al accionariado de Telefónica.
Se cuestiona que Sánchez pudiera colocar a un aliado en el consejo de Telefónica en lugar de optar por un perfil de mayor prestigio.
El editorial sugiere que el gobierno debería centrarse en cambiar las regulaciones de la UE que limitan el crecimiento de Telefónica y garantizar una competencia justa frente a los gigantes tecnológicos.
Conclusión: Es esencial que, en casos de intervención estatal en empresas privadas, se mantenga la transparencia y se respete la gestión profesional, evitando prácticas que pueden ser percibidas como colonizadoras y que el mercado podría castigar.