El quiebre de la confidencialidad entre abogados y fiscales por la Fiscalía en un comunicado oficial genera una pérdida de confianza hacia la institución.
El Ilustre Consejo de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado denuncias penal y administrativas, reflejando un descreimiento en que la Fiscalía cumpla con la ley.
El conflicto institucional que se abre como reflejo del deterioro del Estado de Derecho en España.
El absoluto descrédito de Álvaro García Ortiz, quien divulgó los datos secretos de un particular.
La Fiscalía ha acusado a Alberto González de fraude fiscal.
La Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con detalles de sus conversaciones, lo que puede ser considerado un delito.
La controversia entorno al novio de Díaz Ayuso ha desviado el foco de otros casos importantes.
Conclusión: La ruptura de la confidencialidad por parte de la Fiscalía evidencia un serio deterioro institucional y del Estado de Derecho en España, exigiendo un llamado a la acción para todos, especialmente a los cargos públicos.