La aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso representa una ruptura con los consensos constitucionales y evidencia una corrupción de poder.
El Gobierno socialista ha amnistiado a políticos independentistas que han dañado seriamente la convivencia en Cataluña.
La ley de amnistía no propone una reconciliación, sino que podría azuzar la discordia.
El manejo de esta ley refleja la erosión de la autoridad de las instituciones y la deslegitimación de la democracia española.
El Gobierno ha cedido ante Carles Puigdemont y adapta la ley sobre la marcha para beneficiar a ciertos individuos, en lugar de gobernar bajo los principios de justicia e igualdad.
Conclusión: El Gobierno socialista ha colocado erróneamente el mantenimiento del poder por encima de los principios constitucionales y la justicia, lo cual amenaza la propia democracia de España.