El gobierno está desarrollando un InfoJobs público que prioritiza a ciudadanos LGTBI en la búsqueda de empleo.
Esta medida viola el principio de igualdad de los ciudadanos y el principio moral de las sociedades liberales.
La discriminación positiva de esta medida se ve como discriminación simple y directa.
La norma presupone una discriminación generalizada que es poco común en la España de hoy.
Seleccionar ciudadanos en función de su sexualidad resulta en discriminar a las personas no pertenecientes al colectivo LGTBI.
La metodología del gobierno para determinar quienes pueden acceder a este servicio es controvertida y puede conducir a fraude.
Conclusión: Este plan de discriminación positiva podría conducir a una injusticia de difícil defensa jurídica y moral, y podría desvirtuar su objetivo original de proteger a aquellos que podrían estar realmente discriminados.