El Gobierno español se apresura a evitar que las organizaciones agrícolas locales se unan a las protestas agrícolas europeas.
El sector agrícola, duramente golpeado por los costos energéticos derivados de la crisis en Ucrania, pide la paralización de varios acuerdos comerciales.
Las protestas centran en el acceso desigual a los mercados europeos de productores extranjeros, calificadas como competencia desleal.
Las regulaciones sanitarias y ambientales de la UE deben ser igualmente impuestas a los productores internacionales.
Otros problemas incluyen la sequía, la complejidad de la PAC y cuestiones laborales y de costos de producción.
Existe un respeto general hacia el sector agrícola y ganadero siendo víctimas colaterales de políticas de decrecimiento económico.
Las reclamaciones del sector agrícola son razonables y se necesita una respuesta unificada de la UE.
Conclusión: La competencia injusta de los productores internacionales necesita ser direcccionada por la UE. Las marchas agrícolas son reflejo de problemas serios que amenazan la cadena agroalimentaria y nuestra dependencia de productores fuera de la UE.