Junts pidió multas para empresas que dejaron Cataluña debido al procés y no han vuelto.
Esta petición es vista como un intento de Junts de obtener algo a cambio de sus siete votos para los decretos anticrisis.
Foment del Treball y ERC rechazan la idea de sanciones o incentivos para que las empresas vuelvan a Cataluña.
El gobierno no se opone frontalmente a las sanciones y evita alienar a sus socios parlamentarios.
La idea de las sanciones sería vetada por la UE pues beneficia a una comunidad en detrimento de otras.
Junts propone una 'inmersión obligatoria empresarial' que obliga a las empresas a reinstalarse en Cataluña, sin importar si perjudica a sus intereses.
El presidente de la CEOE resalta la necesidad de seguridad jurídica para que las empresas vuelvan a Cataluña.
Conclusión: La seguridad, tanto jurídica como política, es la mejor receta para que las empresas vuelvan a Cataluña. Sin ella, difícilmente regresaran mientras Junts y ERC mantengan su postura de independencia.