Los abogados del PSOE denuncian acciones violentas realizadas el 31 de diciembre frente a su sede como constitutivas de hasta seis delitos, incluyendo amenazas, injurias y delito de odio.
El PSOE respalda su denuncia con condenas previas por ataques a Vox y Santiago Abascal por delito de amenazas y delito de odio.
Se cuestiona la tesis de que las ideas socialistas estén perseguidas en España, dada la influencia del PSOE en la historia democrática del país.
El rechazo a las políticas de Sánchez y sus pactos se considera legítima crítica política.
La conversión de una protesta legítima en acoso e injurias es preocupante, evoca a las turbaas de la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre.
Las crecientes protestas minoritarias no son representativas de todos los ciudadanos, pero su marginalidad requiere que los partidos políticos españoles desaprueben a Vox a menos que condene estas acciones.
Conclusión: La violencia física a menudo sigue a la banalización de la violencia simbólica. Es responsabilidad de los partidos, tribunales y ciudadanos evitar que esto ocurra en la España democrática.