Se discute la reciente derogación del delito de sedición y su impacto en la lucha contra los alzamientos contra el orden constitucional.
El PP busca introducir un delito de 'deslealtad constitucional' en el Código Penal para solucionar este problema.
La reforma también prevé la disolución de entidades jurídicas, como partidos o organizaciones civiles, que cometan estos delitos.
El periódico no está de acuerdo con la disolución de partidos sobre la base de la militancia de ciertos individuos, subrayando que deberían ser los individuos los que sean castigados.
Se menciona la promesa previa del presidente Pedro Sánchez de restaurar el delito de referéndum ilegal, y cómo el PP está tratando de cumplirla.
El gobierno es acusado de realizar una operación de propaganda contra el PP para desviar la atención de sus propios pactos.
El papel de Daniel Sirera del PP y su reunión con representantes de Junts se convierte en tema, pero se argumenta que las reuniones en sí mismas no son problemáticas, sino los pactos que puedan surgir de ellas.
Conclusión: El editorial destaca la necesidad de castigar adecuadamente a los individuos que buscan subvertir el orden constitucional, pero cuestiona la práctica de disolver partidos basándose en la militancia de ciertos individuos. Además, critica las maniobras políticas que buscan desviar la atención de los problemas reales.