El sector automovilístico ha convencido al gobierno francés para presionar a la Comisión Europea y suavizar las reglas de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos.
El Ministro de Economía francés ha solicitado a Bruselas que no se apliquen las penalidades previstas en caso de incumplimiento de las nuevas normas que entrarán en vigor en 2025.
Varias marcas, como Volkswagen o Renault, podrían verse obligadas a renunciar a la venta de vehículos de combustión interna para cumplir con las normas, en detrimento de su rentabilidad y empleo.
Francia busca conceder un aplazamiento a la industria, una posición que podría ser decisiva ya que Alemania, Italia y otros países de la Europa oriental han expresado sus inquietudes sobre la aplicación de estas sanciones.
A pesar de las dificultades, algunas empresas como Stellantis y BMW no tendrán problemas para cumplir con la norma CAFE, demostrando que la regulación es adecuada si se hacen los esfuerzos necesarios
A pesar de las assurances del gobierno francés de no querer alterar la trayectoria de descarbonización y el fin de motores de combustión interna previsto para 2035, su solicitud de flexibilización va en contra de su estrategia nacional de bajo carbono.
Esta postura francesa también podría desencadenar un efecto dominó en el nivel de la UE, donde la configuración política es menos favorable para la implementación del pacto verde.
Conclusión: El editorial concluye que en un momento crucial para la transición energética, las concesiones a la industria automovilística podrían socavar el pacto verde de la UE y causar un considerable retraso en la descarbonización.