Salomé Pradas y Emilio Argüeso, antiguos cargos del Gobierno Valenciano, han sido citados como investigados por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en relación a su actuación durante la dana que causó 227 muertes en octubre de 2024.
La jueza critica que, a pesar de haber información suficiente y en tiempo real, no se tomaron las decisiones pertinentes para mitigar la tragedia.
La Agencia Española de Meteorología había emitido una advertencia de riesgo extraordinario para el día 29; a pesar de esto, la respuesta del Gobierno Valenciano fue tardía.
Salomé Pradas ya fue destituida de su cargo de consellera de Justícia i Interior, al igual que Argüeso de su puesto de secretario autonómico de Emergencias.
Mientras tanto, las comisiones de investigación impulsadas por el PP, el partido de Mazón, han mostrado poca resolutividad y han evitado ampliar su alcance para aclarar todas las responsabilidades del caso.
El artículo critica el intento de convertir una tragedia en un instrumento político y subraya la necesidad de entender qué falló y quiénes son responsables.
Conclusión: En lugar de utilizar la crisis para fines políticos, lo más importante es aprender de los errores, identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras desgracias en vista de la creciente amenaza del cambio climático.