Las inundaciones en Valencia y Castilla-La Mancha han causado 158 fallecidos y decenas de desaparecidos.
Los servicios de emergencia han sido criticados por su demora y falta de coordinación.
Las autoridades están en desacuerdo sobre quién es responsable de la reacción a la emergencia.
La Agencia Valenciana de Emergencias fue suprimida por el actual gobierno, lo que provoca dudas sobre su gestión.
Los líderes del gobierno, tanto central como valenciano, hacen llamados a la eficiencia y cooperación en la respuesta a la crisis.
Conclusión: La catástrofe ha dejado al descubierto deficiencias en la preparación de emergencias y ha abierto un debate político sobre la responsabilidad de las alertas y la respuesta a las mismas. La urgencia ahora es ayudar a las víctimas y mejorar la coordinación para prevenir mayores daños.