El Tribunal Constitucional validó la ley de amnistía aprobada en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados.
La ley ha cumplido su objetivo de normalización institucional en Cataluña.
No se ha visto un fortalecimiento del independentismo, sino una pérdida de mayoría en el Parlament.
La Constitución no prohíbe explicitamente la amnistía, lo que le otorga al Parlamento el poder de regularla.
La aprobación de la ley fue políticamente problemática y generó inquietud entre una parte de la ciudadanía y juristas.
A pesar de las dudas, la ley ha seguido todos los cauces del Estado de derecho.
Conclusión: La legitimidad del Tribunal Constitucional debe ser respetada para el buen funcionamiento de la democracia, incluso frente a desacuerdos con sus fallos. La ley de amnistía, mientras existan voces a favor y en contra, debería promover un debate que fortalezca las bases de la democracia, no que las debilite.