El caso Koldo es un escándalo de corrupción que involucra al Ministerio de Transportes, a la dirección general de Carreteras, Adif, varias constructoras y al PSOE.
Se desprende una preocupación por la persistencia de tales comportamientos delictivos, a pesar de su identificación en el pasado.
El sistema político carece de controles preventivos eficientes. Y la disuasión del castigo no resulta suficiente.
Se necesita transparencia absoluta y en tiempo real en los procesos de contratación, reducción de la subjetividad en las adjudicaciones y protección de los funcionarios independientes de los políticos.
La UE señala que España no tiene una estrategia integral contra la corrupción, ni agencias públicas especializadas, y que los controles se reducen, no se incrementan.
Conclusión: La lucha contra la corrupción debe formar parte integral de la estructura del sistema y no depender únicamente de denunciantes o de la traición entre los corruptos.