La llegada del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 marcó un avance en la protección social en España.
A pesar de su potencial, el IMV ha enfrentado problemas en su puesta en marcha y reducción de su alcance debido a problemas administrativos y burocráticos.
Se ha denunciado que el 95% de las personas más vulnerables, como las personas sin hogar, a menudo no pueden acceder a la ayuda debido a barreras burocráticas y desconocimiento.
El Gobierno está evaluando los primeros resultados y su complementariedad con otras políticas para su mejora, con las conclusiones a publicarse en 2024.
Conclusión: El ingreso mínimo vital es un paso importante pero aún imperfecto en la protección social en España. Comprender y reformar los obstáculos para su puesta en marcha será crucial para su eficacia y para prestar la asistencia necesaria a la población más vulnerable.