El Tribunal Supremo de España ha determinado que la devolución de 45 menores en situación irregular desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal.
Las autoridades violaron la Ley de Extranjería que requiere un procedimiento administrativo, el estudio de la situación personal de los menores y darles audiencia.
Las ONG, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, llevaron el caso a los tribunales y lograron la sentencia favorable del Tribunal Supremo.
El incidente surge como resultado de la fricción política con Marruecos, después de que España permitiera el tratamiento médico del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El Ministerio del Interior justificó las devoluciones conforme a un acuerdo de cooperación entre España y Marruecos de 2007.
El Tribunal Supremo aclaró que dicha justificación no exime de cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley de Extranjería.
Las expulsiones colectivas de extranjeros están prohibidas por el convenio europeo para la protección de los derechos humanos.
Conclusión: El veredicto subraya el imperativo legal y moral de resguardar los derechos humanos en las políticas de inmigración, incluso en situaciones políticas desafiantes.