La tramitación de la ley de amnistía pone al Gobierno en una posición ineludible para explicar artículos que buscan proteger a Carles Puigdemont y a otros involucrados en el procés.
El Gobierno tiene dificultades para explicar convincentemente la necesidad de una enmienda de gran alcance que no fue parte del texto original.
La enmienda se percibe como una respuesta a acciones judiciales que acusan de terrorismo a activistas y líderes políticos.
El Gobierno se ve atrapado en su propia premisa de no cruzar 'líneas rojas' y da la impresión de promover una ley ad hoc a petición de Junts y ERC.
Conclusión: Además de las intenciones de conciliación atribuidas a la ley de amnistía, se percibe una evidencia clara de que quien controla los votos para mantener al Gobierno también aspira a beneficiarse de la amnistía.